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Control Jurisdiccional y Justicia Constitucional


El imputado y su defensor tienen el derecho a ser participados de los actos de investigación que practique el Ministerio Público, sin interferir en el normal desarrollo de dichas actividades investigativas. Asimismo, la Defensa podrá proponer diligencias de investigación, siendo que el Ministerio Público deberá realizarlas si las considera pertinentes y útiles, y hará constar las razones de su negativa. Sin embargo, la Defensa podrá acudir ante el tribunal del procedimiento preparatorio -juez penal-, para que se pronuncie sobre la procedencia o no de lo solicitado por la Defensa. -Artículo 292 del Código Procesal Penal-.

Por otro lado, es a dicho juez del procedimiento preparatorio, a quien le corresponde velar por el respeto al Derecho de Defensa y de los Derechos Fundamentales del imputado, velando por el respeto de los Derechos y Garantías de las Constitución Política y los derivados de los Tratados Internacionales que versen sobre Derechos Humanos. Así las cosas, si el Ministerio Público, arbitrariamente, deniega un acto de investigación favorable para el imputado, será un juez penal quien decida sobre la procedencia de dicha solicitud. Piénsese en un documento o información que excluya la responsabilidad penal del imputado, o en cualquier otro tipo de evidencia, obtenibles sólo por orden judicial. En estos casos, el juez penal ordenará, ante una solicitud de control jurisdiccional o “pronto despacho” planteado por la Defensa, la práctica de la diligencia dirigida a la obtención de dicha prueba. -Artículos 292 y 277 del Código Procesal Penal-.

Ahora bien, si el juez de garantías omite tomar cartas en el asunto, y no resuelve nada, quedará siempre la opción de replantear la solicitud durante la audiencia preliminar, o bien de plantear un Recurso de Habeas Corpus ante la Sala Constitucional, contra el Ministerio Público y el Juez de garantías, por haber una flagrante violación a los derechos del imputado, pues se le estaría siguiendo un proceso denegándosele aquella prueba que podría evitarle una condena penal, con la pérdida de su libertad.


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